La desvergonzada carta de invitación

En muchas ocasiones, que desgraciadamente sucede más veces de lo que se desea, uno se siente avergonzado por episodios que ocurren en este país, tantas veces madre y demasiadas madrastra, con los emigrantes que llegan especialmente desde Latinoamérica. No me cansaré nunca de mostrar mi apoyo a este colectivo que no sólo tienen que abandonar sus países, a sus familias y amigos por sobrevivir, ellos y en ocasiones también sus seres queridos. Es una pena que después de sufrir la ingrata vida tengan que padecer la ingratitud de algunos españoles, no puedo generalizar porque sería mentir, aún quedan en esta España nuestra gentes con corazón, que entienden las calamidades que, a veces, padecen muchos emigrantes que llegan a buscar un puesto de trabajo. Sin embargo, tengo que reconocer que tenemos muy mala memoria, que pronto se nos olvidó que nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que emigrar a otras tierras donde fueron acogidos y donde encontraron un futuro mejor. Vuelvo a recordar, como siempre que hablo de emigración, que nuestra historia más reciente se escribe desde muchos países, de este y del otro lado del Atlántico, con episodios de separación familiar, y en las mismas circunstancias que los que hoy llegan hasta nuestras fronteras en busca del derecho a un trabajo digno y una más digna calidad de vida.

No obstante, y sin que el tema que me trae no sea precisamente el de la emigración laboral, sí es la causa por la que muchos ciudadanos de América Latina sufren la desvergonzada actitud de muchos policías y agentes de la Guardia Civil. Un amigo nicaragüense, cuando estudiaba en esta ciudad en la que habito, sufrió en primera persona esta actitud por parte de la policía que tanto nos avergüenza a muchos españoles. Solo por el hecho de un color diferente de piel y rasgos latinoamericanos fue parado en plena calle y solicitada su documentación, cosa nada extraña porque cualquier ciudadano puede ser requerido a identificarse, pero en el fondo de la cuestión fue el ser extranjero, pero no de cualquier lugar, el que propició que lo detuvieran y llevaran a comisaría hasta comprobar que residía legalmente y que, además, ocupaba un puesto relevante en una universidad nicaragüense. Volvió a quedar libre y con las consiguientes disculpas presentadas por parte de la policía. Sin embargo, la actitud de los agentes no fue la más correcta, su trato fue degradante y hasta vejatorio si me apuran. Los compañeros españoles de este amigo nicaragüense, pertenecientes a la Universidad de Córdoba, pusieron una denuncia por el trato dado a un ciudadano con documentación en regla y publicaron una nota de queja en el diario de la ciudad. De nuevo se presentaron disculpas por parte del cuerpo policial y pelillos a la mar.

Pero, ¿cómo hubiera sido el trato si este transeúnte no hubiera tenido papeles en regla ni documentación que lo identificara? No sé cual hubiera sido el trato recibido, aunque cualquiera puede pensar lo que quiera, porque de todo hay en la viña del señor, y si los agentes son relativamente respetuosos el trato hacia el detenido no hubiera sido el mismo que los que detuvieron a este amigo nicaragüense que anteriormente he citado.

Me acordé del episodio vivido por este amigo cuando hace unos días leí en el Diario Público una noticia que ha dado la vuelta al mundo por lo de esperpéntica e injusta tiene. Una ciudadana argentina, Ada Ghiara, de 88 años de edad, recién recuperada de un cáncer y con problemas cardiacos, tuvo que soportar las peores 48 horas de su vida en el Aeropuerto de Barajas por culpa de la burocracia y por la necedad de los agentes que, en términos taurinos, les tocaron lidiar a este toro. Ada es maestra jubilada y aterrizó en Madrid después de volar desde Mar de Plata, para pasar el verano en la ciudad de Málaga, con sus hijos y sus seis nietos, como los últimos 30 años anteriores había hecho sin tener problemas de ningún tipo. Claro que en esta ocasión se encontró con estos descerebrados vestidos con traje oficial de la seguridad policial y después de ocho horas retenida en el aeropuerto, sin poder abrazar a sus seres queridos que la esperaban en la puerta de salida y sin siquiera ofrecerle un vaso de agua, la obligaron a subir de nuevo al avión y regresar por donde había venido.

Las declaraciones de la señora Ada han sido que: "nosotros sabemos que el pueblo español no es como esa persona que nos maltrató en Barajas". El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha anunciado la apertura de una investigación para aclarar este posible maltrato con esta ciudadana, claro que si nos atenemos a la legalidad quizás los descerebrados no sean estos agentes de aduana si no quienes hicieron la ley que rige este asunto, el de presentar una carta de invitación de la persona o familia que acogerá a ese supuesto turista, tratando de que no se queden en el país como emigrantes indocumentados.

El visitante no comunitario tiene que haber reservado hotel anteriormente por el tiempo que transcurra su tiempo de visita, de no ser así tiene que mostrar una carta de invitación de un amigo o familiar, claro que a su vez, este amigo o familiar, tiene que presentar escritura de propiedad, certificado de nacimiento y hasta declaración de la renta. Tanto el visitante como el anfitrión tienen que reunir una serie de requisitos que demuestren que tienen una relación entre ellos y que su objetivo es el de no superar esos tres meses de estancia legal. La obtención de los trámites es otra barrera más añadida, pues esta carta puede llegar a tardar más de un mes desde que se solicita y su coste oscila entre 104 y 108 euros. Antes de que esta norma entrara en vigor, en 2007, sólo era necesario que la persona que acogía manifestara su interés ante notario, costaba unos 60 euros y tardaba menos de una semana. Pero lo peor y más doliente no es el trámite burocrático, si no que los ciudadanos de América latina son los que más sufren ese regreso obligado, los más pobres, en comparación con los ciudadanos estadounidenses o canadienses, de mayor poder adquisitivo.

La política migratoria española está resultando ser más ofensiva con los ciudadanos de América latina, y son varios países los que se han quejado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay y Bolivia son algunos de los que lo han hecho formalmente. Son países que los españoles no necesitan visados para entrar en ellos. Las protestas de Argentina y Venezuela, especialmente, aseguran que sus ciudadanos sufren intimidaciones y trato discriminatorio por parte de los funcionarios españoles durante el tiempo de retención. El Ministerio de Interior niega que la policía maltraten a los ciudadanos inadmitidos, que en cifras son: de Argentina y en 2008, 1.100 de los 180.000 que llegan cada año; procedentes de Venezuela, también en 2008, fueron 1.173 los inadmitidos.

Yo que tengo la suerte de poder visitar, aunque de tarde en tarde, algunos países latinoamericanos, siento vergüenza ajena por el trato que a veces sufren ciudadanos hermanos del otro lado del Atlántico, por el sólo hecho de ser emigrantes o simplemente por la creencia por parte de algunos funcionarios policiales de que todos los que llegan a nuestras fronteras lo hacen con intenciones ilegales. Quizás les serviría de bien viajar a cualquiera de estos países, descubrirían que no todos vienen con intenciones delictivas y, de paso, aprenderían de cómo se trata con respeto a los visitantes españoles.