El duelo inconcluso

Hace ya muchos años que no acudía a una concentración ciudadana para protestar por alguna cuestión, las últimas fueron a final de la década de los años 70, contra lo que quedaba del régimen franquista, contra los últimos coletazos de la dictadura fascista que vivió este país casi medio siglo. La libertad y la democracia era lo exigido, años de convulsión social y de manifestaciones multitudinarias que acababan con la fuerza policial exhibiéndose contra los manifestantes y dispersándonos entre bolas de goma, golpes de porra y botes de humo. Durante estos años transcurridos han sucedido muchas cosas, muchos motivos y cuestiones por los que también ha valido la pena salir a las calles a protestar cívicamente, nadie puede negar que en España hoy se vive en una democracia plena, con todos sus derechos a reclamar, a manifestarse, a defenderlos y a discutirlos, porque sin discusión y respeto de distintos pareceres no existe democracia.

Sin embargo, ayer me sentí en el derecho y obligación de acudir a la llamada concentración cívica que se dio en muchas ciudades de España y en otras capitales del mundo, cuyo lema era "contra la impunidad del franquismo". Para quien no conozca la reciente historia de España, e incluso para las nuevas generaciones, les sonará a rancio, a tema para olvidar y no remover, a pasado y venganzas, pero nada de esto tiene relación con lo que se reclamaba ayer. Sí es cierto que son 35 años de democracia los que han pasado y tiempo suficiente no sólo para olvidar, pero existen duelos que no se pueden dar por conclusos hasta que la víctima recibe su digna sepultura, jamás se puede dar por acabado cuando ni siquiera se sabe dónde están los huesos de tantas víctimas desaparecidas del franquismo, es un duelo inconcluso para muchas familias españolas que no han podido honrar a sus muertos de la represión franquista, una asignatura pendiente que arrastran generaciones enteras con el dolor, no solamente de la injusticia que sufrieron sus padres, hermanos o abuelos, si no también con la pena de no poder enterrarlos dignamente como cualquier persona se merece.

Durante las últimas semanas han habido varias noticias de interés nacional que han ocupado muchas páginas y cabeceras de informativos, entre ellas las relacionadas con el juez de la audiencia nacional Baltasar Garzón, imputado en una causa abierta contra él por lo más negativo que se le puede acusar a un juez, por prevaricación. Ya escribí sobre este asunto hace varias semanas en un artículo que titulé "Jueces, honorables y prevaricadores", y aunque la convocatoria ciudadana de ayer tenía un lema bien claro, lo cierto es que el juez Garzón se ha convertido en el icono, en la esperanza de los familiares de las víctimas del franquismo. La pretensión por parte del juez Luciano Varela de apartarlo de la carrera judicial es un golpe bajo a la justicia de este país, a la democracia española que, paradójicamente, en 35 años de democracia sólo se va a juzgar a una sola persona por los crímenes del franquismo y ésta precisamente es el juez Baltasar Garzón, quien ha intentado poner justicia en este asunto histórico, porque no se nos olvide que no se trata de meter en la cárcel a los asesinos, éstos ya murieron en sus camas y sin rendir cuentas a la justicia, si no de dar dignidad a los represaliados y buscar sus huesos donde se encuentren para darle una sepultura digna.

Curioso es que quien ha trabajado por dar justicia a otras víctimas de dictaduras, como la argentina o chilena, no pueda hacerlo por sus propios paisanos y en su propio país. Vuelvo a repetir que en este país se vive en democracia, pero no se cerrarán todas las heridas históricas mientras no se enmienden las injusticias que se cometieron en el pasado, mientras que el Tribunal Supremo esté ocupado por fascistas, o al menos por jueces que juraron su cargo a la dictadura fascista de Franco, el tufo a podrido que despide pondrá en peligro esta inacabada transición democrática, para muchos modélica.

Los últimos movimientos al respecto son la expulsión del caso como acusación del partido fascista y copartícipe de los crímenes del franquismo Falange Española de las JONS, por medio de una sutileza legal, una manera de ocultar lo que es una evidencia, que los asesinos y corruptos de este país estén juzgando al juez que implanta verdadera justicia en él. La España al revés por culpa del Tribunal Supremo le está haciendo un flaco favor a la justicia, pocos somos los españoles que creemos en ella, su imagen está deteriorada y es lo peor que le puede ocurrir a una democracia. Falange ejercía la acusación particular y, la presión pública y mediática, ha obligado a Luciano Varela a quitarse de encima esta losa que lo señala como defensor de los asesinos fascistas, cuando estos partidos no deberían de estar legalizados. La operación del juez Varela, quien trata por todos los medios de apartar e inhabilitar al juez Garzón, es una operación de maquillaje según las asociaciones de la memoria histórica. Tanto Falange como Manos Limpias, la otra acusación sindical ultraderechista, no cumplían los requisitos legales porque no se ceñían a los hechos e incurrían en valoraciones ajenas al proceso, por eso Varela dio una serie de indicaciones a los querellantes para que subsanasen los defectos que presentaban sus escritos de acusación y lo acomodasen a la legalidad en el plazo de una audiencia. Según la interpretación de Varela, el plazo para la presentación de ese escrito se cumplió y esa es la razón por la que los expulsa.

En cambio, sí permite que manos Limpias continúe con la acusación contra el juez Garzón, quien ha dado un cambio de rumbo en su defensa recusando al juez Varela, por pasar de ser juez imparcial a ejercer una labor próxima a la asesoría o al consejo jurídico para Manos Limpias y Falange. Según fuentes judiciales, la maniobra de Varela es inaudita, al orientar a ambos colectivos sobre los errores que contenían sus escritos de acusación, emplazándoles a corregirlos. La defensa de Garzón considera que la decisión de Varela no se encuentra amparada en ningún precepto de la normativa procesal y al adoptarla, el instructor, vulneró de forma clara y decisiva su neutralidad e imparcialidad, algo que ya venimos viendo los ciudadanos desde hace mucho tiempo y sin entender de normas y protocolos jurídicos.

Los crímenes contra la humanidad no prescriben, no se pueden quedar impunes, por encima de amnistías nacionales forzadas, Amnistía Internacional considera que un magistrado no puede ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista. La Ley de Amnistía de 1977 es la escusa para perseguir al único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. Si esto se produce creará precedente en todo el mundo y será un mensaje para los jueces que se atrevan a intentarlo, por tratar de conseguir justicia, verdad y reparación para las víctimas. Las leyes de Amnistía en un país no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, las que dicen claramente que el crimen de desaparición forzada no es amnistiable, es imprescriptible, y que entorpecer su investigación es un delito.

Motivos todos ellos suficientes como para acudir tantos años después a una concentración ciudadana, para reclamar nuestros derechos, los de la humanidad.

La herencia emigrada

Lo ideal, lo justo, sería que ningún ser humano fuera considerado extranjero en cualquier país del mundo, y si me apuran, que no existieran las fronteras que limitan la libre circulación por este terreno giratorio en forma de esfera semi-aplastada, dividida en enormes parcelas de propiedad compartida por los nacidos en cada una de ellas. Es injusto catalogar de extranjero a los que vienen de otra parcela distinta a la nuestra, entre otras razones porque todos somos extranjeros, todos llegamos a este mundo desde afuera, no desde otro mundo si no desde otro estado, desde la no existencia, y si por esta regla de tres aceptamos la herencia natural como parte esencial del sistema en el que vivimos, entonces estamos cometiendo una enorme injusticia al llamar extranjeros a los nacidos lejos de un país determinado, porque, no podemos obviar que, todos provenimos de la misma bacteria que un día posiblemente llegó a este planeta a lomos de un meteorito, o vaya uste a saber cómo. Lo cierto es que aquí se quedaron nuestros antepasados, aquí evolucionaron, y aquí procrearon para hacer posible nuestra existencia.

Pero no voy a ser yo quien venga a cambiar las normas establecidas, aunque sí al menos a poner un granito de arena en la discordia, la que supone la injusticia de pertenecer, o no, a un país por haber nacido fuera de sus fronteras, o de disfrutar, o no, de unos derechos que por naturaleza deberían de ser heredados. A veces a uno le cuesta entender que si por ley un descendiente de españoles, o no, tiene el derecho legal de reclamar y hacer suya cualquier propiedad heredada por sucesión familiar directa, ¿como no va a poder ser considerado español un descendiente de españoles, aunque emigraran varias generaciones atrás? E aquí el dilema, el derecho a la herencia natural de los emigrantes. Por supuesto, para mi punto de vista la cuestión no tiene ninguna duda, el derecho a ser considerados ciudadanos de un país los descendientes de emigrantes, aunque hayan nacido fuera de él, está claro. Deberían de ser considerados herederos directos sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos y toda su estirpe, otra cosa es que quisieran, o no, hacer suya esa opción.

La historia reciente de nuestro país ha dejado a muchos de sus hijos en desamparo por distintas razones, desde la falta de empleo a la inexistencia de libertades y progreso. Son muchos los españoles que tuvieron que emigrar o huir al exilio y que no pudieron regresar nunca más a la tierra de sus antepasados por las razones que fueran, pocos fueron los que emigraron sin motivo y casi todos por el deseo o el derecho de prosperar y vivir en paz. Especialmente en la primera mitad del siglo pasado, primero obligados por las hambrunas que asolaban este nuestro país y seguidamente por el enfrentamiento bélico que partió en dos bandos a los españoles, para más tarde continuar con otra oleada por falta de oportunidades y empleos con los que subsistir. Precisamente ahora, por estos primeros meses del año, se cumple el 71 aniversario del éxodo que llevó al exilio a casi un millón de españoles, ante el final de la guerra que alimentaron los fascistas españoles, alemanes e italianos, contra la recién establecida democracia de la II República Española. Fue un viaje sin retorno para muchos de ellos, aunque nunca perdieron la esperanza de regresar algún día. Sin embargo, anteriormente, en las décadas que le precedían, la emigración fue talvez aún más significativa, por poner un ejemplo, en Cuba, en 1898 había 1.800.000 habitantes y se calcula que aproximadamente un millón de españoles emigró a la isla en el primer tercio del siglo XX, según el consulado español en la Habana.

Es evidente que quedan por corregir muchos errores, muchas deudas pendientes con la historia de estos españoles que tuvieron que salir un día ya lejano lejos de nuestras fronteras para sobrevivir, y algunas de esas deudas pendientes se han tratado de subsanar con la Ley de la Memoria Histórica, que pretende corregir en parte la injusticia considerando españoles a los nietos de los exiliados que tuvieron que renunciar o perdieron la nacionalidad como consecuencia del exilio y que huyeron principalmente a Argentina, Uruguay, Cuba, México, Chile, Venezuela y Francia. La "Ley de los nietos", como se le ha venido a llamar, ha tenido sus puntos de confusión e injusticia, por un lado porque se creía en un principio que a este nuevo procedimiento para ser nacionalizados, demostrando ser hijos o nietos de españoles, se podrían acoger incluidos los descendientes de emigrantes, pero parece ser que no, que sólo tendrán posibilidad los de exiliados, los que tuvieron que salir de España desde 1936 hasta 1954, lo que crea un agravio comparativo con los descendientes de los que tuvieron que emigrar por razones de subsistencia.

Pero aún hay más, porque si la injusticia se vuelca del lado de los que son considerados emigrantes y sólo se congratula la ley con los exiliados, doble injusticia si además de emigrante era mujer, porque, según el código Civil de 1889, al casarse con un ciudadano del país en el que residía perdía automáticamente la nacionalidad española para asumir la del marido. La ley se suavizó en 1954, pero siguió marginando a la mujer hasta 1975. Hace algunos meses la DGRN subsanó en parte esta injusticia al establecer que las abuelas que perdieron la nacionalidad por matrimonio durante su exilio sí pueden transmitir a sus nietos la ciudadanía, pero aún así la trampa existe y continúa la desigualdad, porque, siguiendo el ejemplo de Cuba, sólo el 5% de los expedientes que solicitan la nacionalidad corresponden a descendientes de exiliados, el otro 95% son de nietos de simples emigrantes.

El gobierno español ha calculado que serán alrededor de 1,5 millones en total, los nietos de exiliados que podrán optar a la ciudadanía española, pero la inmensa mayoría de herederos naturales se quedarán sin sus derechos, los que heredaron de sus abuelos por el sólo hecho de haber nacido españoles.