Marabunta centroamericana

Hace apenas unos años la palabra Mara tenía para mí un significado meramente femenino, un nombre de mujer, aunque inocuo para mis recuerdos, no existía nadie que conociera con ese nombre. Fue así hasta que mi amigo Néstor, argentino de nacimiento y con sangre malagueña por sus venas, puso ante mí vía Internet un archivo de música de Víctor Heredia, también con este nombre de mujer. Mara es una hermosa canción que su autor dedicó a su hermana, desaparecida durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, una de tantas personas que desaparecieron para siempre durante la cruel etapa militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1981. Desde entonces, cada vez que la oigo se me eriza la piel y se pe ponen los bellos como escarpias, me emociona y hace que florezcan mis sentimientos más puros, me embarga la sensibilidad y me hace sentir como si Mara hubiera sido mi propia hermana. Una canción llena de ternura, de amor, y, aunque suene contradictorio, de esperanza.

Pero Mara ya no me trae al pensamiento sólo la canción de Víctor Heredia, de unos años a esta parte la misma palabra se ha tornado en dualidad, como el extraño caso del doctor Hekill y Mister Hyde, con doble significado y radicalmente opuestos. Actualmente decir Mara para la mayoría de los habitantes del planeta es sinónimo de violencia, de extorsión, de terror, de sangre, de muerte. Un premio injusto y cruel para los ciudadanos de los tres países que sufren esta plaga antisocial, Honduras, Guatemala y especialmente El Salvador, donde las pandillas se han convertido en un asunto extremadamente peligroso, hasta el punto de poner en jaque al propio gobierno de la nación.

Mara es la abreviación de marabunta, la hormiga devoradora de la Amazonía. Actualmente más de 7.000 pandilleros están presos en las cárceles de El Salvador, aunque se estima que pueden haber actuando libremente por las calles del país entre 9.000 y 20.000 más. Las más famosas de estas pandillas son la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, que surgieron en los barrios latinos de Los Ángeles, en la década de 1980, y se extendieron a Centroamérica por las deportaciones de miles de inmigrantes llevadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos. Pero no sólo son estas dos pandillas, otras de menos renombre también ejercen con la misma crueldad y violencia, como MS 13, Mara Maquina o Mara Mao Mao.

Según la directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Jannet Aguilar, en declaraciones a la AFP, las investigaciones realizadas durante 15 años demuestran que las pandillas son el resultado de la confluencia de factores de orden social, económicos, políticos, institucionales y geopolíticos. El resultante de familias disfuncionales que no asumen su papel de tutela y de los estados que privilegiaron la represión y no alentaron verdaderas oportunidades educativas y laborales.

Donde el fenómeno ha tomado mayor fuerza, en El Salvador, las maras se han convertido en verdaderas organizaciones mafiosas, implicadas en tráfico de droga, de armas, extorsión y secuestros, también se les atribuyen a ellas gran parte del alto número de homicidios que se dan en el país, una media de 13 al día. Es tanto lo que supone el problema para el gobierno salvadoreño que se ha promulgado una ley para intentar atajar la expansión de este mal social. Esta ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal conocida como "antimaras", fue aprobada por el Parlamento el pasado 1 de septiembre y sancionada nueve días después por el presidente Mauricio Funes, que descartó negociar con los pandilleros ante el pulso que éstos le presentaron, cuando a comienzos de este mes impusieron un paro de autobuses durante tres días, tratando de impedir la promulgación de la ley que las proscribe. La ley las deja en la ilegalidad y les fija penas de prisión por el sólo hecho de pertenecer a alguna de estas organizaciones, de siete a diez años para sus líderes y de seis años para los otros miembros.

De igual manera, quedan facultados la fiscalía y los jueces competentes para ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias e incautar los bienes relacionados con sus actividades delictivas. En Guatemala, por ejemplo, tres de cada diez guatemaltecos son extorsionados en el país, a viviendas, comercios y pasajeros del transporte público, unos delitos que les generan a los pandilleros alrededor de 8.75 millones de dólares anuales. Sólo en lo que va de año se han tramitado 3.601 denuncias sobre casos de extorsiones y, de ese total, 2.387 se llevaron a cabo en el departamento de Guatemala, que incluye la capital. También en lo que va del 2010 han sido desarticulados 27 grupos dedicados a estos asuntos delincuenciales, lo que dio como resultado la detención de 344 personas. El 80% de las extorsiones se hacen al azar desde el interior de las cárceles y a través del teléfono.

Ahora el temor, ante la ley antimaras salvadoreña, es que los pandilleros huyan hacia otros países vecinos y agraven la situación, como es el caso de Honduras y Guatemala, o a la cercana Nicaragua, donde hace sólo un par de días ya detuvo la policía al líder de una de estas maras cuando cruzaba la frontera. Aún así, no queda otro remedio que poner fin a estas actitudes antisociales que amenazan a los ciudadanos indefensos, las únicas víctimas, de la dejadez de los gobiernos que no sólo no previenen la creación de estos movimientos delictivos si no que, además, también los dejan indefensos cuando se hacen realidad. Únicamente se atreven a dar la cara al problema cuando es a ellos a quienes acorralan. Esperemos que la iniciativa de Mauricio Funes no caiga en saco roto y se sumen a ella otros gobiernos afectados, por la paz y tranquilidad de sus ciudadanos.