Las Madres de Soacha

"Víctor desapareció el 23 de agosto de 2008. Dos días después mostraron su cadáver vestido de guerrillero. Lo mató el ejército. Desde entonces no cesaron las amenazas por investigar la muerte de Víctor". "A Jhon lo tiraron desde un puente para matarlo. Se salvó. Lo operaron para que no quedara parapléjico. Como siguió investigando, el 4 de febrero de 2009 lo mataron con balas de una pistola con silenciador. Yo tuve que marchar del barrio. No me callarán en mi busca de justicia y castigo para los responsables de estos crímenes de estado. No tengo miedo porque aprendí a vivir con el horror. Si me pasa algo, el gobierno es responsable. No quiero escolta porque ellos mismos son los que matan a mis hijos", dice Carménza Gómez Romero, madre de los dos jóvenes hermanos asesinados.

"No tuvieron piedad con Fair a pesar de sufrir retraso mental. lo asesinaron los militares de la brigada 15 de Ocaña. Pese a su deficiencia mental lo acusan de ser jefe de un grupo narcoterrorista. Ni pudo aprender a escribir, ni identificaba el dinero; a los tres meses sufrió meningitis. Los detenidos por el crimen ya están libres". "Todavía debo nueve millones de pesos por el traslado del cadáver de mi hijo desde Ocaña, donde encontramos sus restos en una fosa común, hasta Soacha. Tenía un seguro de exequias con Mafre, pero no ha querido saber nada", comenta Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo, que desapareció el 8 de enero de 2008.

Julián, el hijo de Blanca Nubia Monroy, tenía 19 años cuando lo mataron, y su madre cuenta de él que " era un chico juicioso, estudiaba y trabajaba en una buseta para ayudarme. Buscaban chicos de familias humildes, pobres como nosotros. Creían que al matarlos nadie reclamaría por miedo. No pararemos hasta limpiar el nombre de los hijos y que los militares paguen sus crímenes".

Estos son algunos de los testimonios de las Madres de Soacha, a cuyos hijos los secuestraron y asesinaron los militares colombianos para después mostrarlos al mundo mediático como guerrilleros abatidos en la guerra contra el narcotráfico. Son falsos positivos, en el argot militar un positivo es una baja guerrillera, un eufemismo con el que se conoce la ejecución extrajudicial de miles de civiles inocentes para cobrar recompensa y recibir ascenso y permisos. Los soldados son premiados económicamente según la cantidad de guerrilleros muertos, un premio macabro que reciben por la directiva 029 de la Presidencia de Colombia, firmada en el año 2005, poniendo precio a los guerrilleros muertos en combate. Un premio que crea una dinámica perversa y que va más allá aún de los miembros del Ejército Nacional de Colombia, creando grupos paramilitares subvencionados por el propio Estado colombiano.

Desde el golpe de estado de Pinochet en Chile, en 1973, no se había conocido en todo el continente americano tanto horror y tanta sangre inocente derramada por los propios militares. Y si esto les ha hecho llevarse las manos a la cabeza más horrorizados quedarán cuando les diga que, aún así, la popularidad de Uribe y del candidato a la presidencia Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa y responsable del ejército, no ha mermado un ápice. Los colombianos entienden y aceptan estos crímenes como un mal menor en la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe, estos asesinatos se tienen en Colombia por tolerados socialmente.

Las denuncias de estas madres de Soacha, población periférica al sur de Bogotá, por el asesinato de 19 chicos, han destapado el escándalo en el país, y a raíz de tales denuncias la fiscalía se ha visto inundada por la avalancha de demandas presentadas en todo el estado. Miles de madres desesperadas piden información sobre sus hijos y la respuesta que reciben es tan cruel como falsa: su hijo era un guerrillero muerto en combate.

Las autoridades judiciales investigan más de 2.000 casos de homicidios extrajudiciales perpetrados por las fuerzas de seguridad. La indignación de estas madres de Soacha aumentó cuando conocieron la información de que otros 17 militares implicados en las muertes de sus hijos fueron liberados, con lo que ya son 48, los que están en la calle sin ser juzgados.

Las voces se alzan en protesta por la muerte de un mínimo de 2.000 jóvenes como falsos positivos, y no sólo por parte de sus madres y familiares, también a nivel internacional claman justicia contra estos asesinatos que obedecían a una política prefijada. Según Philip Alston, representante de la ONU, "las ejecuciones se perpetraron de manera sistemática por una cantidad significativa de militares". Al respecto, también se ha difundido un informe del departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se denuncia que "el número de casos, las zonas geográficas, y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que estos asesinatos fueron cometidos de manera sistemática por elementos significativos dentro de los militares".

Pero el derecho y el deseo que han llevado a estas madres y a sus familiares a exigir el esclarecimiento de las muertes llevadas a cabo por militares del ejército de su país, ha provocado que ellas mismas se conviertan en víctimas de los mismos verdugos que dieron muerte a sus hijos. Las amenazas y hostigamientos contra ellas y sus familiares han sido constantes, es lo que les llevó a romper el miedo y a denunciar los asesinatos de sus hijos. Las madres de Soacha presentaron en rueda de prensa lo relativo a estos seis casos de Luz María Bernal Porras, Carménza Gómez Romero, María Ubilerma Sanabria López, Blanca Nubia Monroy, Edilma Vargas Rojas y Flor Hilda Hernández, dando detalles sobre la ejecución de sus hijos y haciendo públicas las amenazas y persecuciones que han sufrido. A estas demandas se han unido el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado, haciendo evidente la responsabilidad del estado colombiano en dichos asesinatos y la obligación que tiene el ejecutivo de esclarecerlos, al tiempo que responsabilizan al Gobierno de Colombia de lo que pueda sucederle a las madres o familiares de estos jóvenes asesinados por el ejército de su país.