Hace ya muchos años que no acudía a una concentración ciudadana para protestar por alguna cuestión, las últimas fueron a final de la década de los años 70, contra lo que quedaba del régimen franquista, contra los últimos coletazos de la dictadura fascista que vivió este país casi medio siglo. La libertad y la democracia era lo exigido, años de convulsión social y de manifestaciones multitudinarias que acababan con la fuerza policial exhibiéndose contra los manifestantes y dispersándonos entre bolas de goma, golpes de porra y botes de humo. Durante estos años transcurridos han sucedido muchas cosas, muchos motivos y cuestiones por los que también ha valido la pena salir a las calles a protestar cívicamente, nadie puede negar que en España hoy se vive en una democracia plena, con todos sus derechos a reclamar, a manifestarse, a defenderlos y a discutirlos, porque sin discusión y respeto de distintos pareceres no existe democracia.
Sin embargo, ayer me sentí en el derecho y obligación de acudir a la llamada concentración cívica que se dio en muchas ciudades de España y en otras capitales del mundo, cuyo lema era "contra la impunidad del franquismo". Para quien no conozca la reciente historia de España, e incluso para las nuevas generaciones, les sonará a rancio, a tema para olvidar y no remover, a pasado y venganzas, pero nada de esto tiene relación con lo que se reclamaba ayer. Sí es cierto que son 35 años de democracia los que han pasado y tiempo suficiente no sólo para olvidar, pero existen duelos que no se pueden dar por conclusos hasta que la víctima recibe su digna sepultura, jamás se puede dar por acabado cuando ni siquiera se sabe dónde están los huesos de tantas víctimas desaparecidas del franquismo, es un duelo inconcluso para muchas familias españolas que no han podido honrar a sus muertos de la represión franquista, una asignatura pendiente que arrastran generaciones enteras con el dolor, no solamente de la injusticia que sufrieron sus padres, hermanos o abuelos, si no también con la pena de no poder enterrarlos dignamente como cualquier persona se merece.
Durante las últimas semanas han habido varias noticias de interés nacional que han ocupado muchas páginas y cabeceras de informativos, entre ellas las relacionadas con el juez de la audiencia nacional Baltasar Garzón, imputado en una causa abierta contra él por lo más negativo que se le puede acusar a un juez, por prevaricación. Ya escribí sobre este asunto hace varias semanas en un artículo que titulé "Jueces, honorables y prevaricadores", y aunque la convocatoria ciudadana de ayer tenía un lema bien claro, lo cierto es que el juez Garzón se ha convertido en el icono, en la esperanza de los familiares de las víctimas del franquismo. La pretensión por parte del juez Luciano Varela de apartarlo de la carrera judicial es un golpe bajo a la justicia de este país, a la democracia española que, paradójicamente, en 35 años de democracia sólo se va a juzgar a una sola persona por los crímenes del franquismo y ésta precisamente es el juez Baltasar Garzón, quien ha intentado poner justicia en este asunto histórico, porque no se nos olvide que no se trata de meter en la cárcel a los asesinos, éstos ya murieron en sus camas y sin rendir cuentas a la justicia, si no de dar dignidad a los represaliados y buscar sus huesos donde se encuentren para darle una sepultura digna.
Curioso es que quien ha trabajado por dar justicia a otras víctimas de dictaduras, como la argentina o chilena, no pueda hacerlo por sus propios paisanos y en su propio país. Vuelvo a repetir que en este país se vive en democracia, pero no se cerrarán todas las heridas históricas mientras no se enmienden las injusticias que se cometieron en el pasado, mientras que el Tribunal Supremo esté ocupado por fascistas, o al menos por jueces que juraron su cargo a la dictadura fascista de Franco, el tufo a podrido que despide pondrá en peligro esta inacabada transición democrática, para muchos modélica.
Los últimos movimientos al respecto son la expulsión del caso como acusación del partido fascista y copartícipe de los crímenes del franquismo Falange Española de las JONS, por medio de una sutileza legal, una manera de ocultar lo que es una evidencia, que los asesinos y corruptos de este país estén juzgando al juez que implanta verdadera justicia en él. La España al revés por culpa del Tribunal Supremo le está haciendo un flaco favor a la justicia, pocos somos los españoles que creemos en ella, su imagen está deteriorada y es lo peor que le puede ocurrir a una democracia. Falange ejercía la acusación particular y, la presión pública y mediática, ha obligado a Luciano Varela a quitarse de encima esta losa que lo señala como defensor de los asesinos fascistas, cuando estos partidos no deberían de estar legalizados. La operación del juez Varela, quien trata por todos los medios de apartar e inhabilitar al juez Garzón, es una operación de maquillaje según las asociaciones de la memoria histórica. Tanto Falange como Manos Limpias, la otra acusación sindical ultraderechista, no cumplían los requisitos legales porque no se ceñían a los hechos e incurrían en valoraciones ajenas al proceso, por eso Varela dio una serie de indicaciones a los querellantes para que subsanasen los defectos que presentaban sus escritos de acusación y lo acomodasen a la legalidad en el plazo de una audiencia. Según la interpretación de Varela, el plazo para la presentación de ese escrito se cumplió y esa es la razón por la que los expulsa.
En cambio, sí permite que manos Limpias continúe con la acusación contra el juez Garzón, quien ha dado un cambio de rumbo en su defensa recusando al juez Varela, por pasar de ser juez imparcial a ejercer una labor próxima a la asesoría o al consejo jurídico para Manos Limpias y Falange. Según fuentes judiciales, la maniobra de Varela es inaudita, al orientar a ambos colectivos sobre los errores que contenían sus escritos de acusación, emplazándoles a corregirlos. La defensa de Garzón considera que la decisión de Varela no se encuentra amparada en ningún precepto de la normativa procesal y al adoptarla, el instructor, vulneró de forma clara y decisiva su neutralidad e imparcialidad, algo que ya venimos viendo los ciudadanos desde hace mucho tiempo y sin entender de normas y protocolos jurídicos.
Los crímenes contra la humanidad no prescriben, no se pueden quedar impunes, por encima de amnistías nacionales forzadas, Amnistía Internacional considera que un magistrado no puede ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista. La Ley de Amnistía de 1977 es la escusa para perseguir al único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. Si esto se produce creará precedente en todo el mundo y será un mensaje para los jueces que se atrevan a intentarlo, por tratar de conseguir justicia, verdad y reparación para las víctimas. Las leyes de Amnistía en un país no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, las que dicen claramente que el crimen de desaparición forzada no es amnistiable, es imprescriptible, y que entorpecer su investigación es un delito.
Motivos todos ellos suficientes como para acudir tantos años después a una concentración ciudadana, para reclamar nuestros derechos, los de la humanidad.